Aunque el encuentro para analizar el Pacto Fiscal con las regiones autónomas ha excluido a las universidades como instituciones con autonomías, la UMSA realizará un riguroso seguimiento para precautelar que de manera alguna se afecten los intereses y derechos de las universidades, afirmó Albarracín.
En su criterio, el Gobierno central no debiera esperar que se genere una situación de conflicto, que le obligue a incluir a las instituciones autónomas que deben participar en la discusión acerca de una compensación y distribución de recursos económicos cabal. “El Gobierno debe tomar en cuenta el conjunto de necesidades que tiene cada municipio, departamento y universidad”, apuntó.
En este contexto, señaló que a consecuencia de la baja en el precio de los hidrocarburos, en el mercado internacional, se ha cercenado el 40% del presupuesto universitario. Por ello, debe insistirse en buscar formas de incluir y no de excluir.
Dadas las actuales condiciones en la distribución de recursos económicos a los entes autónomos, de ser necesario modificar la Ley, el Poder Legislativo debe escuchar a las regiones y a las universidades y no marginarlos, señaló Albarracín.
“No se trata de que las regiones o las instituciones se adecuen a los recursos, sino de establecer las necesidades que se tienen y sobre esa base establecer el presupuesto”, remarcó, a tiempo de plantear que de no escucharse a las alcaldías estas serán afectadas de manera importante en los proyectos de desarrollo.
“Desde que la primera autoridad departamental ha adoptado una medida de presión ya es prueba de que el Estado está desatendiendo a La Paz. Cuando pedimos que se atienda a La Paz es porque creemos que de este departamento mucho depende del desarrollo del Estado”, dijo el rector Albarracín.
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