La denuncia del docente víctima, hace referencia también a que la mencionada autoridad facultativa, obliga a algunos docentes interinos a firmar denuncias ya redactadas en contra de otros colegas, afirma que dichas denuncias llevan el mismo tipo de letra y estilo de redacción.
Toda vez que se tratan de delitos de orden público que afectan la imagen de nuestra institución, la actual gestión rectoral tiene la obligación de promover la acción penal por los hechos antes descritos, más aún si el Ministerio Público, al momento de dictar la resolución de imputación penal, tipificó la conducta como cohecho y concusión.
El monto de dinero que estaba recibiendo la referida autoridad al momento de ser sorprendida in fraganti, era de 500 Bs, complemento de una anterior suma ya recibida de Bs 2.500, sin embargo, cabe enfatizar que, no es la cantidad de dinero lo que debe determinar la intervención de la UMSA, sino la actitud de la susodicha autoridad en ejercicio de tan importante cargo.
Esos son los motivos por los que nuestra institución está demandando penalmente a quien incurrió en estos hechos, así como lo hicimos anteriormente con otras autoridades como es el caso del ex Director de Contaduría Pública y algunos docentes. Esta acción penal no excluye la necesidad de promover la instauración del respectivo proceso universitario por cuanto los hechos, independientemente de constituir delitos, también implican causal para proceso universitario.
En el marco de la lucha tenaz contra cualquier hecho de corrupción en la UMSA, consideramos que las diferentes instancias que integran el cogobierno, deben coadyuvar en este emprendimiento que tiene la finalidad de transparentar al máximo las actividades académico administrativas de la institución, bajo la consigna de tolerancia cero a la corrupción.
La Paz, 29 de mayo de 2017
WALDO ALBARRACÍN SÁNCHEZ
RECTOR
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