La auditoría realizada por la Contraloría General del Estado señala que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) sufrió un daño económico de 13,2 millones de bolivianos por salarios pagados a 352 docentes y administrativos entre 2006 y 2009, en las gestiones de los rectores Roberto Aguilar, Jorge Ocampo y Teresa Rescala.
El "Informe CGE de Auditoría Especial GL/EP14/A10 R1 2006-2009” de 2 de mayo de 2012, y a cuya copia se tuvo acceso, señala que en ese período 352 funcionarios de la UMSA percibieron salarios superiores a lo establecido por la Ley 3301 de 16 de diciembre de 2005, el Decreto Supremo 28605 de 26 de enero de 2006 y leyes financiales de esas cuatro gestiones.
Falta de control. El documento señala que las autoridades, académicas y administrativas de la UMSA "no realizaron los controles internos para evitar la vulneración" de esas normas legales pese a observaciones del Ministerio de Economía, mediante notas 1396/09 de 16 de junio de 2009 y otras que las autoridades universitarias mencionadas "continuaron vulnerando leyes vigentes".
El informe establece "responsabilidad civil solidaria" por daño económico al Estado, según la Ley 1178 SAFCO o de Control Gubernamental, a tres directores administrativos financieros, dos vicerrectores y a los rectores Roberto Aguilar, Jorge Ocampo y Teresa Rescala.
El actual rector de la UMSA, Waldo Albarracín, no dio a conocer su posición ante este informe debido a que no se hallaba en su oficina, cuando La Prensa intentó entrevistarlo.
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