La Contraloría General del Estado (CGE) encontró indicios de responsabilidad civil en contra de la exrectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y actual candidata a la primera concejalía de la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Teresa Rescala Nemtala, y otros administrativos por el daño económico de 3.715.400 bolivianos.
Según el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC - 038/2014 emitido por la Contraloría el 11 de diciembre de 2014 y socializado de manera interna por la Federación Universitaria de Docentes (Fedsidumsa), el 24 de febrero, a través de la circular 001/2015, la exautoridad universitaria y otros funcionarios administrativos y del área de finanzas como María Mónica Díaz Tarifa, Juan Villarroel Grillo, Juan David Castillo Quispe, Carlos Eugenio Calderón Limpias y Jorge Velasco Orellanos fueron hallados con indicios de responsabilidad civil por cometer supuestos delitos tipificados en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
El informe de auditoría preliminar CL/EP14/A10R2 de nóminas de pago destinadas a compensar la pérdida del valor adquisitivo de las remuneraciones de las gestiones 2007, 2008 y 2009, establece la existencia de indicios de responsabilidad civil en contra de los servidores y exfuncionarios públicos por: disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, pérdida de activos y bienes estatales, negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran.
Las consideraciones legales que tomó en cuenta la Contraloría, según el dictamen, se respaldan en el artículo 31 de la Ley 1178, porque establece que la responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado en dinero.
El inciso "c” del mencionado artículo señala que "cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables”.
En esa lógica, el daño económico cuantificado es de 3,7 millones de bolivianos que surgen de los hechos descritos y analizados en los informes CL/EP14/A 10 R2 y GL/EP14/A 10 C2, los cuales se encuentran comprendidos en las causales previstas por el artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal.
Por la naturaleza de las obligaciones que ocasionó el daño económico a la entidad, y habiendo sido identificados a los presuntos responsables y determinadas las sumas líquidas y exigibles, corresponde según la Contraloría, su recuperación del dinero por la vía coactiva fiscal de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.
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