La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) convoca a un acuerdo nacional para garantizar que el proceso de preselección de postulantes al sistema judicial sea transparente y sin intromisión política.
El documento establece un “gran acuerdo nacional por una nueva justicia en Bolivia” donde se busca la consolidación de un verdadero proceso de transformación, cita el comunicado oficial de la casa de estudios superiores, el cual está firmado por su rector Waldo Albarracín.
“La disponibilidad para viabilizar este acuerdo, será la prueba de la voluntad política existente para promover un nuevo sistema, lo contrario significa que se presente mantener viejos mecanismos que atentan el estado de derecho, debilitan la democracia y someten a la ciudadanía a una situación de permanente vulnerabilidad de sus derechos”, remarca el documento.
POSTURAS
Ante esta pronunciación, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señaló que están de acuerdo con estas autoridades, por lo que la comisión del sistema universitario garantizará la transparencia de la preselección de autoridades al Órgano Judicial, toda vez que participarán en el proceso de evaluación y entrevista de los postulantes. Aportaran con el banco de preguntas para la prueba escrita.
En este punto también está de acuerdo el senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, manifestó que el comité del sistema universitario debe tener mayor participación en la evaluación de los candidatos a altas autoridades de la justicia, pero que esta comisión debió ser independiente para que no exista la intromisión de los asambleístas del oficialismo.
“Esperemos que el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas (CEUB), pueda acreditar al personal calificado para que realice esta evaluación, si esta instancia acredita a los menos capacitados estarían siendo cómplices de una preselección de candidatos alienados al MAS”, expresó.
REUNIÓN
El Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia (CEUB) convocó para este 27 y 28 de abril, a rectores, decanos y directores de las carreras de derecho del sistema universitario para elaborar el reglamento para la preselección de las autoridades del Órgano Judicial, esta cita reunión se llevará a cabo en la ciudad de Sucre.
El representante de la entidad, Gustavo Rojas, convocó a los rectores y directores de las carreras de Derecho de las 15 universidades del país al encuentro en Sucre para elaborar un reglamento del concurso de méritos y examen de conocimiento en torno a la preselección de candidatos del Órgano Judicial.
“Estamos convocando a una reunión nacional de las 15 universidades del sistema de la universidad boliviana, a los rectores, decanos y directores de carrera de Derecho. De las 15 universidades, son 13 la que tienen carrera de Derecho. (.) Vamos a preparar e informar todo lo que se ha suscitado en todo este tiempo”, afirmó.
Rojas agregó que en el encuentro también elaborarán un reglamento de selección de los ocho representantes de la universidad boliviana para garantizar que este sector cumpla con todas las expectativas.
CAMBIO EN LA JUSTICIA
En el pronunciamiento de la UMSA señala que existe la necesidad de un cambio histórico de la administración de justicia en el país, tomando en cuenta los diversos casos de corrupción que se presentaron en los últimos años. Los estrados judiciales serían uno de los sectores donde se vulneran con mayor incidencia los derechos humanos.
“Los circuitos delictivos conformados por abogados, fiscales y juzgadores generaron mecanismos que permita que el dinero prevalezca sobre la vocación de justicia y los gobiernos que en distintas coyunturas que no renunciaron a ejercer un control sobre el órgano judicial”, destaca el comunicado.
CORRUPCIÓN
En los últimos tres años, varias autoridades se vieron envueltas en casos de corrupción ligados con la injerencia del poder político, uno de ellos es el caso de Gabriela Zapata, donde los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Virginia Crespo y Willy Arias fueron denunciados por que fallaron a favor de la empresa china CAMC, para que se evite el cobro de la boleta de garantías del proyecto de El Tramo I del ferrocarril Montero-Bulo Bulo.
Otro de los casos emblemáticos fue la fuga del empresario peruano Martin Belaunde Lossio, proceso en el que los vocales Ricardo Chumacero y Ramiro López, habrían recibido $us 100 mil, para favorecer con un amparo constitucional, según fuentes oficiales del Consejo Nacional de Refugiados del país, Conare.
El vocal Fernando Ganam también se vio involucrado en un proceso de investigación por consorcio de jueces fiscales y abogados quienes favorecieron con un fallo judicial al presidente de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz Cotel, Fabián Guillen.
Todas estas exautoridades del Órgano Judicial son investigadas por el Ministerio Público.
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