Cumpliendo el mandato constitucional, el mes de octubre de 2017, la ciudadanía concurrirá nuevamente a las urnas para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El problema no es la simple realización del acto electoral, sino la necesidad histórica que tiene el país de generar un verdadero cambio en el actual sistema de administración de justicia. Uno de los bolsones principales de violación de derechos humanos, tiene como escenario a los estrados judiciales. Hay varias causas, las más emblemáticas el poder económico y político que asecha consuetudinariamente a los jueces y magistrados. Los circuitos delictivos integrados por abogados, fiscales y juzgadores generaron un mecanismo que permite que el dinero prevalezca sobre la vocación de justicia y los gobiernos que en distintas coyunturas jamás renunciaron al control fáctico que ejercen sobre el Órgano Judicial. Hoy es imperativo no repetir errores como aconteció en la anterior elección donde la Asamblea Legislativa, en la etapa de depuración, seleccionó exclusivamente candidatos afines al Gobierno con la finalidad de mantener la influencia sobre la magistratura, enviando la nómina de sus allegados al Órgano Electoral para que el pueblo emita su voto, la respuesta ciudadana en las urnas fue elocuente; optó por los votos nulos y blancos, generando la derrota electoral de todos los candidatos, pese a ello fueron posesionados, en franco déficit de legitimidad democrática de éstos.
El reglamento promovido en la Asamblea Legislativa sobre preselección de postulantes para la magistratura, en su Art. 8º, hace referencia a una Comisión de Profesionales integrada por miembros del Sistema Universitario Nacional para que participe en la evaluación de aspirantes a estos cargos. Puede ser una alternativa que coadyuve a la despolitización del proceso, siempre y cuando su participación sea protagónica y no se convierta en una figura decorativa que legitime una selección sesgada de candidatos; para ello las universidades tienen la obligación de designar a los profesionales más idóneos, con solvencia moral y límpida trayectoria que garantice que sean seleccionados los y las juristas con ética profesional y apóstoles del derecho, a tal grado que en la circunstancia de ser elegidos, sean capaces de resistir a la natural presión política de instancias de poder o a los intentos de soborno de los litigantes.
Estamos viviendo un momento histórico trascendental en el país y depende de cómo afrontemos este nuevo desafío, la condición imprescindible para el nacimiento de un órgano judicial distinto exige lo siguiente:
1.- Renunciamiento de partidos políticos e instancias de poder al permanente intento de dominar y controlar fácticamente los tribunales mediante el nombramiento de sus militantes.
2.- Garantizar la preselección y posterior elección de los y las mejores juristas del país que ejerzan un nuevo y distinto liderazgo ante el conjunto de jueces, induciendo a éstos a desarrollar sus tareas con sentido de justicia, sensibilidad humana, ética profesional, priorizando el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en todos los procesos.
3.- Permitir que la Comisión de Profesionales representando a las universidades, monitoreen la preselección de postulantes garantizando la habilitación de personas sin ninguna vinculación político partidaria, con los méritos académicos necesarios y una trayectoria caracterizada por su credibilidad ciudadana y solvencia moral.
4.- Elecciones transparentes libres de intromisión política.
5.- Establecimiento de UN GRAN ACUERDO NACIONAL POR UNA NUEVA JUSTICIA EN BOLIVIA, para el cumplimiento de los 4 puntos anteriores, entre las organizaciones políticas, Sistema Universitario Nacional, el Gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de la consolidación de un verdadero proceso de transformación de la justicia.
La disponibilidad para viabilizar este acuerdo, será la prueba de la voluntad política existente para promover un nuevo sistema, lo contrario significa que se pretende mantener viejos mecanismos que atentan el estado de derecho, debilitan la democracia y somete a la ciudadanía a una situación de permanente vulnerabilidad de sus derechos. La UMSA está dispuesta a participar siempre y cuando se cumplan estas premisas.
La Paz, Abril de 2017
WALDO ALBARRACÍN SÁNCHEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
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