La Uagrm y la UMSA prenden otra mecha en contra de la repostulación

La facultad de derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) manifestaron ayer miradas coincidentes con relación a la repostulación del presidente Evo Morales y una propuesta de acciones concretas. Eso genera un nuevo frente, no articulado hasta el momento, de debate y oposición a la reelección, que procede en este caso del sistema universitario.


La facultad de derecho emitió un pronunciamiento contra el fallo del Tribunal Constitucional, que fue apoyado poco después por la UMSA.
El diputado del MAS por Santa Cruz, Edgar Montaño, minimizó el pronunciamiento de la universidad cruceña, porque “como exalumno sé que en su interior hay un crisol de formación de políticos de izquierda y derecha. La expresada por la facultad es una más, no considero que sea una posición institucional”.


Hasta el momento, los cívicos y colectivos ciudadanos del país encabezaron la pugna, que tendrá un punto alto de tensión el próximo 21 de febrero, fecha para la que se programó un paro nacional en demanda del respeto del resultado del referéndum que hace dos años le dijo no a la repostulación.


Ayer, la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Uagrm ingresó al campo de batalla con un pronunciamiento explicado por su decano, el abogado Manfredo Menacho.


“Los profesores de Derecho Constitucional se reunieron para analizar la sentencia 084/2017, a instancia mía, y han rechazado dicho veredicto por carecer de fundamento jurídico”, aseveró.


El análisis realizado recomendó dos cosas: primero, elevar el análisis de la Uagrm al sistema universitario nacional para su pronunciamiento; y segundo, denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, el fallo del TCP y pedirle que dicte medidas cautelares para frenar los efectos de la decisión judicial que, en su opinión, atenta contra el mandato del voto.


Edgar Montaño dijo que la instancia internacional es una opción, “y si sale a favor de ello, el Gobierno la acatará, como lo hizo cuando una instancia internacional le devolvió a los médicos el derecho a movilizarse”.


Desde La Paz, el rector de la UMSA admitió que no hay ninguna coordinación con la UAGRM, “pero me satisface que la facultad de derecho se pronuncie en ese sentido”, aseveró.


Los magistrados del TCP saliente, según Albarracín, “actuaron no solamente de forma ilegal, sino delictiva, cometieron los delitos de prevaricato y de resoluciones contrarias a la CPE”.


Por ello propuso que del pronunciamiento conjunto del sistema universitario que propone la UAGRM, podría salir la decisión de iniciar un proceso penal en contra de los exmagistrados.


Recordó que él, en su condición de ex defensor del pueblo, junto con Rolando Villena, presentó otra denuncia ante la CIDH. Pero destacó que la novedad es el planteamiento de la medida cautelar. “Nosotros no lo hicimos. Es importante hacer notar que las denuncias formales que se presentan ante la CIDH, por muy valederas que sean, tardan demasiado”.


La medida cautelar no ataca al fondo, explicó, pero sí genera una acción inmediata de la CIDH, que puede pedirle al Estado que detenga el fallo, en este caso.


El Gobierno sostiene que cumplió con el mandato del referéndum porque no tocó el artículo 168 de la Constitución, que establece que una autoridad solo puede repostularse una sola vez de manera continua.


Para el ejecutivo, el fallo del TCP, establece que por encima de ese artículo (el 168) está el derecho de Morales a ser candidato, pues en la misma Constitución, en el 256, se reconoce que se aplicarán de manera preferente los tratados y convenciones cuando estos dictaminen derechos más favorables que los que dice la Constitución. Para ello, se acoge al artículo 23 del Pacto de San José en cuanto a derechos políticos.

Dirigentes afines al MAS en santa cruz alistan la proclama a Evo, un día antes del 21 de febrero

Los preparativos para el 21 de febrero, en el oficialismo y la oposición, se afinan tanto en los grupos opositores, como en los afines al Gobierno.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reunió con sectores sociales de Santa Cruz, para coordinar la proclamación del candidato Evo Morales, el 20 de febrero. En la reunión, los dirigentes le propusieron hacerlo un día antes, para evitar enfrentamientos con los colectivos ciudadanos y sectores cívicos que se movilizarán el 21. “Que ese día ellos hagan lo que quieran”, dijo uno de ellos.


Por otra parte, los dirigentes cívicos, vecinales y de las juventudes de las ciudadelas de sectores como la Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil y de Cotoca, preparan el gran encuentro de los barrios de Santa Cruz el lunes 19 de febrero en la zona del matadero, en contra de la repostulación.


“En esta concentración nos vamos a reencontrar los ciudadanos para elevar nuestra voz, nuevamente pidiendo el respeto a nuestros derechos y libertades plenas, pero fundamentalmente exigiendo que nuestras autoridades respeten y se sometan a los resultados del referéndum del 21 de febrero”, dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar.