Denuncian a jueza por favorecer a loteadores

EL RECTOR DE LA UMSA, WALDO ALBARRACÍN.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció prevaricato, en el caso de recuperación de predios del campus universitario. Cinco autoridades de la universidad podrían ser condenadas por la juez Nancy Flores en favor de un grupo de loteadores.

En conferencia de prensa, el rector denunció que la UMSA estaría siendo víctima de una actitud legal arbitraria de parte la juez Segundo de Sentencia en lo Penal, Nancy Flores.

“De manera obsesiva e insistente la jueza quiere sentenciar a cinco autoridades universitarias, por supuesto delito de defensa de los predios de la universidad en los campus universitarios, a causa de loteadores que quisieron adueñarse de nuestros terrenos en la zona de Cota Cota (campus universitarios)”, explicó.

El conflicto se suscitó años atrás cuando un grupo de personas que no pertenecían a la universidad se apropiaron con demarcaciones, de un espacio de más de 23 mil metros que pertenecen a la Facultad de Medicina de la UMSA.

En aquel entonces, estudiantes y docentes defendieron el derecho propietario y cinco autoridades fueron sometidas a proceso penal por los supuestos loteadores. “el juicio penal lo que busca es presionar a la UMSA para que cedamos los terrenos, pero no podemos ceder ni un milímetro porque es patrimonio público del pueblo, debemos defender los derechos”, contó el rector.

Durante la gestión 2013, el rector de la UMSA se apersonó ante el Juzgado Segundo de Sentencia en lo Penal, una vez que tomó conocimiento que en dicho Juzgado se llevaba adelante un proceso penal por el delito de “despojo, por hechos que habrían ocurrido en predios de la UMSA (Campus Universitario de Cota Cota)”.

Informó que la Ley 1178 obliga a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) preservar y cuidar los bienes de nuestra institución. Por ello, el rector presentó un memorial, mismo que fue aceptado por la jueza Segundo de Sentencia en lo Penal, Nancy Flores Guzmán, sin embargo, la jueza no dio lugar a dicha observación y señaló que “no se puede desconocer el apersonamiento de la máxima autoridad de nuestra Casa de Estudios, Superiores”.

Sin embargo, pese a esta aceptación y consentimiento, la mencionada jueza no permite, tampoco notifica y menos aún hace conocer ningún actuado del proceso a la UMSA, impidiendo que el rector asuma defensa de los bienes de la Universidad Estatal, que en definitiva son bienes del Estado y del pueblo boliviano, conforme determina el artículo 339 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

Para el rector la jueza debería haber rechazado la denuncia penal, “no es casualidad y obedece a un interés económico de loteadores en contubernio con la jueza, por ello se quiere dar sentencia”.

“La actual gestión rectoral no dejará desamparados a las autoridades universitarias y si la jueza insiste en dictaminar sentencia penal nos vamos a encargar de iniciar el proceso penal por prevaricato”, concluyó el rector.